Los participantes en ULL Debates, en un momento de la sesión.

El nuevo modelo económico reunió a las principales autoridades y expertos internacionales, nacionales y del archipiélago en la ULL

La Unión Europea considera una oportunidad para el crecimiento económico, el modelo de la economía colaborativa, sin embargo ha decidido no legislar al respecto sino ofrecer directrices a las autoridades y administraciones locales sobre la necesidad de adaptar la normativa vigente. Se trata de la postura que la UE ha decidido mantener según indicó ayer Claudia Martínez, de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pyme de la Unión Europea, al respecto de su regulación.

Consideramos que la economía colaborativa “es una oportunidad y los estados deben aprovecharla para revisar la legislación sectorial”, matizó durante la apertura del ciclo ULL Debates, que se desarrolló en la mañana de hoy miércoles 21 de septiembre, y en el que se analizó los pormenores sobre la regulación de este fenómeno. El evento se enmarca en las jornadas “Tenerife Isla Colaborativa”, organizadas conjuntamente entre la ULL a través de su Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad, el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, en colaboración con Commonomia y Tenerife Innova 2030.

En el encuentro, moderado por  Pablo Fernández del Castillo, de Commonomia, Claudia Martínez subrayó que la UE reconoce el crecimiento que la economía colaborativa ha experimentado en los últimos años y mencionó que en 2015 movió cifras que rondaron los 28 millones de euros en toda Europa. Apuntó a varias problemáticas al respecto, como la preocupación tanto de las autoridades como de los consumidores, sobre la inseguridad jurídica en la que se encuentra, según las consultas públicas que desarrollaron el pasado año entre los grupos de interés de este modelo.

Otro inconveniente es que no se puede hablar en general de la economía colaborativa, sino que “hay una gran variedad de actores, como aquellos que buscan un fin de lucro y otros que sólo quieren compartir gastos”. Por otra parte, apeló a la falta de responsabilidad de las plataformas colaborativas en cuanto a la calidad de los servicios que ofrecen y sus políticas de empleo, como otros de los inconvenientes. Por último, resaltó la existencia de tantas legislaciones como estados.

Claudia Martínez durante su intervención

Con este entorno es por lo que afirmó que la UE apuesta no por legislar sino por dar directrices políticas para las autoridades locales, “les asesoramos sobre los requisitos aceptables que deben de exigir a los proveedores, en base a la situación de cada estado y localidad. viendo todas las circunstancias. Las autoridades competentes -finalizó- deben saber que cualquier norma que limite el acceso a este tipo de economía debe ser justificado y proporcionado para alcanzar un interés público” e insistió en que “cada estado debe revisar y actualizar su normativa, para diferenciar el lucro de lo que no lo es. Establecer umbrales entre una actuación económica profesional y lo que se puede considerar una cooperación entre dos”.

Por su parte Pedro Hinojo, vocal asesor de la Subdirección de Estudios e Informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia afirmó que este modelo “nos lleva a atender que la economía en el siglo XXI es masiva, lo que permite realizar transacciones a gran escala, entre iguales. Valoramos el empoderamiento del consumidor y del individuo, ahora se le da mayor libertad de elección lo que supone mejor calidad y variedad de precios, siendo positivo para la generación de empresas y el crecimiento económico”.

Para Hinojo el peligro está centrado en que muchas de esta empresas “no pagan impuestos o no cumplen con la legislación laboral o sanitaria, por tanto nosotros vemos retos y ventajas en la economía colaborativa”, y afirmó que la entidad que representa advierte a las administraciones públicas de que deben de estar preparadas para estos retos y la respuesta debe ser que cuando hay una necesidad de intervenir se haga siempre que sea justificada y justa para todas. En este sentido insistió en que “estamos intentando que las administraciones regulen esta situación y adapten la legislación actual.”

Por último, Javier Valentín de la Asociación Canaria de Alojamiento Vacacional (ASCAV) afirmó que “el turismo es patrimonio de todos y no de las grandes cadenas hoteleras”, para abogar por el turismo como “una manera de redistribuir la riqueza o favorecer la sostenibilidad”.