Un momento del inicio de la sesión, con el Vicerrector de Relaciones con la Sociedad, Francisco García, y el conferenciante, Francisco Villar

El Paraninfo acogió el coloquio, en el que el redactor del documento explicó que el anteproyecto ordena el marco legal actual y el resto de especialistas coincidió en que está alejado de la realidad social

La sesión del ciclo ULL Debates celebrada ayer, 31 de mayo, en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna fue una muestra de la división social al respecto de la futura Ley del Suelo de Canarias. Las posturas encontradas protagonizaron el coloquio que prosiguió a la explicaciones ofrecidas por el coordinador del equipo redactor del anteproyecto de dicha norma, Francisco Villar. El debate resultó ser el reflejo del posicionamiento de aquellos que muestran sus reservas al documento, y los que tratan de explicar que la nueva norma pone “orden” y unifica la maraña normativa existente ahora. En lo que sí coincidieron unos y otros fue en reconocer la necesidad de que las leyes (en especial ésta) se ajusten a la realidad y a las necesidades de la población, que paradójicamente es uno de los objetivos del nuevo texto.

Organizado por el área de Responsabilidad Social de la ULL –dependiente del Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad- la cita, que estuvo moderada por el periodista David Cuesta, comenzó con la intervención de Francisco Villar, quien centró sus esfuerzos en argumentar las garantías al desarrollo sostenible de la región que supone el nuevo documento. En su intervención ofreció las líneas estratégicas de la Ley, que estructuró en cuatro apartados: problemas, marco normativo de la comunidad autónoma, límites y lo que se debe y no se debe de hacer. Según Villar, el principal problema radica en que “estamos en un modelo alejado de la realidad” por cuanto “las reglas actuales que se aplican para proteger y ordenar el suelo, no dan respuesta a las necesidades que se plantean cuando surge un conflicto”.

Argumentó que de los 88 municipios de Canarias, 26 están adaptados al marco legal vigente con planes generales de ordenación aprobados y nueve han visto como el Tribunal Supremo ha anulado sus planeamientos. Esta situación se produce por diversos factores, que están presididos por la lentitud de los municipios en redactar y aprobar estos planes, proceso que se dilata entre nueve y doce años, a lo que se añade que estos municipios tramitan sus PGO porque así lo marca la ley y no para resolver las necesidades de la población. En este punto señaló la paradoja de que cuando ha surgido algún problema grave, la solución ha sido saltarse la ley, como es el caso de las viviendas de la zona de Las Chumberas en La Laguna “porque la solución legal habría sido revisar el PGO lagunero”.

El coordinador del equipo de redacción del anteproyecto de Ley, Francisco Villar Rojas, durante su intervención.

Es por esto que subrayó que en materia de planificación, el anteproyecto se centra en agilizar la tramitación de los planes generales y adaptarlos a la realidad de la sociedad, proponiendo que cada administración elabore y apruebe su propia normativa (plan insular o municipal o directrices del gobierno regional). Este aspecto es uno de los que más reparos ha recibido el documento, postura que Villar defendió en que hay antecedentes de este sistema competencial en otras regiones españolas, y además encaja con el modelo legislativo en cuanto a que cualquier otra decisión municipal de máxima importancia (presupuestos, contratación de obras millonarias) no son controladas previamente por otra institución supramunicipal.

Calificó el marco normativo canario de “maraña”, por lo que afirmó que la nueva Ley del Suelo aboga por “simplificar las reglas y dotar a esta comunidad autónoma de leyes que aclaren lo que se puede y no se puede hacer, teniendo como criterio de referencia un desarrollo sostenible, basado en el uso racional de recursos naturales, las necesidades de empleo, la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la protección del medio ambiente, o lo que es lo mismo “desarrollo sostenible entendido como un equilibrio entre desarrollo y conservación”. En esta línea afirmó que en materia de suelo rústico la nueva ley “revisa los usos ordinarios y amplía los usos capaces de generar rentas complementarias a quienes viven del sector primario, pues se le trata como un sector industrial”, al tiempo que se reconoce el principio de compensar por conservar.

Protección.

Francisco Villar defendió la vocación medioambiental del nuevo documento refiriéndose a los dos límites sobre los que descansa: el mantenimiento de la actual protección del suelo (el 50% de la superficie de Canarias está protegida) y contener el consumo de los espacios rústicos. A este respecto insistió en que “aun así se puede hacer mucho”, como “facilitar las actuaciones en el suelo que es apto para construir sin tocar el protegido”. En esta línea, criticó la realidad existente en Canarias donde existen 50 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable sobre el que no se ha actuado, por lo que la nueva normativa “dificulta la clasificación de nuevo suelo como urbanizable, si antes no se desarrolla el existente” y es más, recoge la posibilidad de que transcurridos cinco años sin edificar, ese suelo pasará de nuevo a rústico”.

Por último, y en respuesta a las preguntas del público asistente, Villar reconoció que aquellas “pequeñas propiedades” que no son legales por estar asentadas en terrenos rurales, se legalizarán.

Debate.

Los especialistas en diversas disciplinas participantes en el debate, mostraron su escepticismo en la mayor parte de los contenidos de la futura norma y coincidieron en realizar duras críticas a la misma desde la óptica de su lejanía a la realidad social. El arquitecto y asesor de la FECAM, Javier Domínguez Anadón, tras criticar que los movimientos sociales que han surgido contra la norma “no profundizan en sus oposición a la misma”, calificó de “escalofriante” la situación del urbanismo en Canarias.

Por su parte, José María Garrido, abogado y activista medioambiental que afirmó “no representar a ningún colectivo”, defendió un cambio de denominación del documento por “Ley del Territorio” ya que “no analiza el suelo como elemento esencial de protección”. En este sentido arremetió contra la normativa porque facilita que los asentamientos rurales se conviertan en una “mancha de aceite por el territorio, ya que permite su dispersión por el mismo”. Fue especialmente duro contra la decisión de que sean los ayuntamientos quienes tramiten y aprueben sus planeamientos de ordenación pues “si bien la COTMAC (Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias), no ha sido un dechado de virtudes, tiene una visión regional, mientras que los alcaldes pueden ceder a las presiones de la población ya que son más cercanos a sus vecinos” además de “ser analfabetos en esta materia”, por lo que abogó por que “este tipo de decisiones debe estar residenciado en el Gobierno de Canarias”. Por último, criticó la escasa participación en la redacción del documento de las voces especializadas.

El arquitecto Joaquín Mañoso, afirmó que el texto “produce extrañas contradicciones ya que arregla unas cuestiones y produce desasosiego en otras”. A su juicio en Canarias “después de 30 años de democracia, ves que la realidad no se adapta a la ley” por lo que se produce una “una situación anómala” y propuso que se hable de “Ley de Usos del Suelo”. Consideró que esta norma “no solucionará nada en particular”, pues la considera vacía de contenido y falta de ambición: “la ley es un fin en sí” sentenció.

Jaime Díaz Pacheco, doctor en Geografía, apostó también por un cambio en su denominación y se lamentó de que sus responsables no abrieran un proceso previo “en el que los expertos definieran la clasificación de los usos del suelo”. Igualmente criticó las dificultades que cualquier colectivo profesional encuentra a la hora de acceder a datos como los cartográficos. Pidió un reglamento más específico en cuanto al uso del suelo rústico y con medidas más innovadoras, aunque se mostró a favor de corregir el tiempo de tramitación de los planeamientos y abogó por la existencia de un órgano ambiental que supervise los planes que aprueben los ayuntamientos.

Por su parte, el arquitecto Xavier Adsuara pese a mostrarse muy crítico con la labor desarrollada hasta ahora por la COTMAC, centró su intervención en que no considera que los ayuntamientos sean tan débiles y maleables, “dado que antes de aprobar cualquier documento, éste debe estar debidamente informado”. Considera que la nueva norma no profundiza, por lo que estimó que “lo mejor de esta ley ha sido el debate ciudadano que ha suscitado”.

En el Paraninfo de la ULL se dieron cita más de 200 personas, lo que demuestra el interés que concita este ámbito entre la población, así como la necesidad mostrada de informarse al respecto y de sentirse escuchados.